SANTO DOMINGO, RD.- Este domingo entra en vigencia la Ley 84-25, Orgánica de Fiscalización y Control del Congreso Nacional, que podría sancionar con penas de hasta un año de prisión a los funcionarios que se nieguen a atender una citación del órgano legislativo o que obstruyan una investigación.

A partir de hoy, el Congreso Nacional contará con mayores herramientas para vigilar, fiscalizar y revisar el uso de los fondos públicos y el desempeño de los funcionarios.

La Ley de Fiscalización y Control del primer Poder del Estado, la 84-25, es una de las complementarias de la Constitución de 2010 y una de las más relevantes, cuya aprobación en las cámaras legislativas tomó alrededor de 15 años.

Aunque la normativa fue promulgada en agosto del año pasado, su aplicación comenzará ahora, tras cumplirse los seis meses de vacatio legis.

La legislación establece tres tipos de sanciones dentro del ejercicio del control político: por desacato (al no comparecer o no responder), sanción política (voto de censura) y juicio político.

En su artículo 39, la ley prevé penas de hasta un año de cárcel por no atender las citaciones de los legisladores y la posibilidad de destitución de funcionarios por faltas graves.

La normativa es de autoría de los senadores Félix Bautista y Rogelio Genao. Tanto el Senado como la Cámara de Diputados anunciaron que se adecuarán al nuevo marco legal y han desarrollado talleres de socialización sobre la normativa jurídica.

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