Santo Domingo.- El Senado de la República, con declaratoria de urgencia y el respaldo de todos los legisladores presentes, aprobó este jueves un proyecto de ley que elimina las sanciones penales aplicables a alcaldes y autoridades municipales por violaciones a la distribución del presupuesto municipal.
La iniciativa suprime las disposiciones legales que contemplaban penas de prisión, multas económicas e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas a los funcionarios municipales que incumplieran los porcentajes establecidos por ley en la asignación de los recursos destinados a gastos corrientes e inversión.
El proyecto, de la autoría del senador oficialista Aneudy Ortiz, modifica el artículo 21 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, reformulada por la Ley 75-25, y permite que los gobiernos locales puedan destinar hasta un 75 % de los ingresos recibidos por transferencias del Presupuesto General del Estado al gasto corriente, ampliando el margen que anteriormente estaba limitado al 30 %.
Este gasto corriente incluirá el pago de nómina del personal fijo y contratado, las remuneraciones de los funcionarios electivos, así como los recursos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y prestación de los servicios municipales, manteniéndose sin variación el 5 % destinado a programas de educación, salud y género.
En cuanto a la inversión, la normativa conserva el 25 % de los recursos para gastos de capital, dirigidos a obras de infraestructura, construcción y modificación de inmuebles, adquisición de bienes vinculados a proyectos, así como a iniciativas de desarrollo económico y social local, en cumplimiento del presupuesto participativo y la normativa vigente.
La propuesta elimina las sanciones establecidas en la legislación actual, que iban desde penas de 2 a 5 años de prisión, multas de 5 a 20 salarios mínimos y la inhabilitación para el servicio público para quienes incumplieran dichas disposiciones.
El proyecto pasará ahora a la Cámara de Diputados para su estudio y eventual aprobación. De ser convertido en ley, entrará en vigencia una vez sea promulgado por el Poder Ejecutivo.
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