Santo Domingo.-El Ministerio Público solicitó condenas de hasta 20 años de prisión contra Jairo Joel Gonzalez Durán, y compartes, acusados de cometer estafa por montos ascendentes a más de US$15 millones y más de 34 millones de pesos, así como más de 3 millones en criptomonedas.
Los imputados son acusados como autores del tipo penal de asociación de malhechores, estafa contra particulares, estafa realizada a través del empleo de medios electrónicos, informáticos, telemáticos o de telecomunicaciones y de haber realizado actividades propias del mercado de valores sin contar con la debida autorización de la autoridad competente y por incurrir en lavado de activos.
El Ministerio Público expuso que la acusación presentada fue probada más allá de toda duda razonable contra Jairo Joel González Durán, Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Moisés Darío González Rodríguez y William Mejía Martínez.
Los procesados realizaron oferta pública de valores y estafaron por la cantidad de quince millones ochocientos sesenta y seis mil ciento ochenta y cuatro dólares norteamericanos con 18/100 (US$15,866,184.18) y treinta y cuatro millones doscientos quince mil quinientos sesenta y un pesos dominicanos con 00/100 (RD$34,215,561.00), así como la suma de tres millones trescientos un mil ochocientos cincuenta y siete con 18/100 criptomonedas (3,301,857.18 USDT) denominadas Tether US Dollar, USDT, en perjuicio de las víctimas.
En sus peticiones, el órgano acusador, representado por el procurador general de corte Pelagio Alcántara; la fiscal Lewina Tavárez, directora interina de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros; Miguel Pichardo, fiscal de la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), y Margaret Cabrera Morillo, fiscalizadora adscrita a la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, solicitó que se dicte sentencia condenatoria contra todos los acusados.
Los fiscales establecieron con las pruebas incorporadas al proceso cómo los acusados iniciaron un negocio de captación de recursos de terceros, con una empresa que cumplía con las regulaciones legales, desde la cual realizaron una oferta pública masiva y se hicieron entregar recursos de más de 400 víctimas que posteriormente ocultaban a través de maniobras fraudulentas propias del lavado de activos.
El Ministerio Público destacó cómo los acusados se promocionaban a través de plataformas digitales, induciendo a las víctimas al error de creer que se trataba de operaciones seguras, a pesar de que estos no estaban regulados por el órgano competente para la gestión del mercado de valores, hechos por los cuales fue solicitado que sean declarados culpables.
